Espacio cultural

Publicado el 21.04.2005.
La epidemia de fiebre amarilla

• Un terrible azote que sacudió a Buenos Aires en el verano de 1871

Condiciones sanitarias de La Gran Aldea.
En La Gran Aldea, como se conocí­a entonces a Buenos Aires, el 4 de abril de 1869, recién fue posible brindar al público el servicio de agua corriente. Era una entrega limitada y la calidad del producto dudosa. Sólo unas 1.200 viviendas se beneficiaban con el agua que tomaba del rí­o la empresa que administraba el ferrocarril del oeste. El servicio comenzaba a las 7 de la mañana y se extendí­a hasta las 2 de la tarde. Esto se debió a que aún no funcionaba la torre tanque de 43 metros de alto de la Plaza Lorea. Pero la inauguración oficial tuvo lugar poco después, el 25 de mayo de 1869. Fue el primer depósito elevado de agua, estuvo emplazado en la parte oriental de la Plaza Congreso y funcionó entre los años 1869 a 1887. El resto de la población no "disfrutaba" del agua corriente, obtení­a el agua de los pozos, aljibes o comprándola, sucia, a los aguateros.Las condiciones higiénicas y sanitarias de Buenos Aires eran muy deficientes: no habí­a cloacas, electricidad, limpieza y, prácticamente, agua corriente ya que eran pocos lo que podí­an usarla.
Los residuos se arrojaban en la calle o se amontonaban en múltiples basurales como el que estaba ubicado al oeste del Cementerio del Sur.
En algunas casas habí­a "pozos negros", a modo de modernos baños. Múltiples zanjones, nauseabundos, ayudaban a desembarazarse de las excretas y de la basura, pero cuando el rí­o crecí­a subí­a el agua, devolví­a todos esos elementos y se inundaba parte de la ciudad.Los retretes eran pozos y su profundidad alcanzaba en la mayorí­a de los casos las capas de agua subterránea que luego, a su vez, era consumida por la población.
Las calles eran de tierra, casi siempre fangosas, ya sea por las lluvias, ya sea por las aguas servidas que arrojaban los habitantes displicentemente y que recorriendo las principales arterias, siguiendo la pendiente, quedaban estancadas en algún punto y facilitaban la procreación de insectos, especialmente los mosquitos.
Lo que más llamaba la atención de los extranjeros que se atreví­an a visitarnos, era el mal olor que invadí­a el aire y que la población no parecí­a percibir.
Este hedor provení­a de tres fuentes:
De la industria de los saladeros, situados casi en el centro de la ciudad y cuyos desperdicios, carne putrefacta, eran arrojados al riachuelo de Barracas, corrompiendo el agua que luego era recogida por los aguateros y vendida a la población, en especial cuando las lluvias escaseaban. Era frecuente, que el agua que se compraba contuviera hojas y restos de basura.
Un segundo factor era la basura que permanecí­a muchas horas sin ser recogida, y que era usada para rellenar zanjas, tapar pantanos, nivelar veredas, porque era más barato.
Y el tercero, el más macabro, era el sistema de inhumaciones. En el interior del cementerio, el sepulturero recibí­a una boleta del conductor del carro fúnebre. Luego de leerla, tomaba el cuerpo y lo llevaba hasta el lugar en que lo iba a enterrar; cavaba allí­ una fosa tan poco profunda que, finalizada su labor, aún se observaba la vestimenta del cadáver. Los muertos se pudrí­an prácticamente a la vista del transeúnte y sus miasmas pronto se mezclaban con la hediondez que despedí­an los saladeros.Una memoria de la Comisión de Salubridad alertó al gobierno de la necesidad de brindar agua limpia, sino también sacar los focos permanentes de infección que rodeaban las viviendas.

La epidemia de fiebre amarilla
En 1867 los porteños ya habí­an soportado una epidemia de cólera que tuvo como consecuencia 1.500 muertes.
La fiebre amarilla o "vómito negro", como se le denominaba entonces, se insinuó a fines de 1870, con 200 ví­ctimas. A comienzos de 1871 comenzó en el barrio de San Telmo y se extendió a toda la ciudad dejando, en uno solo de los dí­as, la cantidad de 563 muertos.
La enfermedad se transmite por el mosquito Aedes aegypti, también agente transmisor del dengue pero por entonces, todo esto, se ignoraba.
"Quienes pudieron abandonar la ciudad lo hicieron y hasta el gobierno quedó acéfalo por unos dí­as. Una comisión integrada por vecinos y algunos médicos heroicos se hizo cargo de la situación", dice el historiador Félix Luna. Del gobierno, sólo el ministro Nicolás Avellaneda permaneció en su lugar.
La comenzó oficialmente el 27 de enero de 1871 con tres casos identificados por el Consejo de Higiene Pública en San Telmo, barrio poblado por conventillos de inmigrantes y negros. Pero secretamente se conocí­a que desde varios dí­as habí­an comenzado a aparecer, en forma creciente, casos de la enfermedad, como lo testimonia la memoria de la Junta de Sanidad que se transcribe: "Las cifras pasaron a cinco muertes diarias entre el 2 y el 8 de febrero, entre cinco y nueve por jornada hasta el 14 del mismo mes, y alrededor 10 hasta el veintidós". Los muertos pasaban de 20 por dí­a desde el 23 de febrero y superaron los treinta el último dí­a del mes. Marzo comenzó con cifras por encima de los cuarenta.
Como consecuencia de esta emergencia, se habilitó en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita. Su nombre es el diminutivo de la palabra quichua "chácara" o "chacra".
Esas tierras pertenecieron originalmente a los jesuitas y, luego pasaron al Estado y, a través de él, al Real Colegio Convictorio Carolino de Buenos Aires.
Este colegio comenzó a utilizar la casa de campo de la Chacarita como lugar de vacaciones para sus alumnos, razón por la cual con el correr del tiempo la zona fue identificada con el nombre de Chacarita de los Colegiales. El colegio cambió de nombres en varias oportunidades, hasta que finalmente, como lo designa el gobierno de Mitre en 1863, Colegio Nacional de Buenos Aires, como se lo conoce hoy.
Un albañil de 50 años de edad fue la primera inhumación y ese mismo dí­a se inhumaron cuarenta y cuatro cadáveres más.
Para poder llegar hasta el Cementerio con mayor rapidez se incorporó un tramo del Ferrocarril del Oeste, partiendo de la Estación Bermejo, que contaba con una precaria construcción y estaba situada cerca de la Ciudad, para funcionar como receptora de ataúdes, por lo que se la denominó como la Estación Fúnebre, ubicada en las hoy calle Jean Jaurés y la avenida Corrientes a la que el tren recorrí­a hasta la Chacarita. Se lo conocí­a como el "tren de la muerte".
Las condiciones de higiene eran mí­nimas y existí­an quejas de los vecinos por la emanación de olores de los cuerpos en descomposición. Eran demasiado los fallecidos por la epidemia. Hay testimonios, se repite, de que en un dí­a se llegó a inhumar 564 cadáveres; esto también traí­a aparejado que el personal del cementerio no pudiera realizar toda la tarea y el administrador pidió ayuda a la policí­a y a la asistencia pública. Tanto fue el trabajo que tuvieron que inhumar toda la noche alumbrados por velas y antorchas. También se sabe que fue afectado el personal del cementerio ya que testimonios revelan que en un sólo dí­a fallecieron catorce empleados ocupados de las inhumaciones.
Cuando se produjo la terrible epidemia, se generó la necesidad de habilitar el primitivo Cementerio del Oeste, en los terrenos hoy ocupados por el Parque Los Andes.
Se produjo el éxodo de la gente pudiente al barrio Norte de la ciudad, cerca de la Recoleta, lugar considerado más alto y sano. Abandonaron sus importantes viviendas del centro y de San Telmo que quedaron vací­as.
Se colmaron todos los hospitales, se habilitaron lazaretos provisorios, se despobló la ciudad, emigró el gobierno nacional, se decretó feriado en todos los ministerios y oficinas públicas, cerraron los bancos, las escuelas, las iglesias, los comercios.La situación obligó al gobierno del presidente Sarmiento a decretar un receso administrativo y parlamentario indefinido ante la gravedad de la epidemia.Por otra parte, la muerte o la huida de comerciantes e industriales determinó el cierre de sus establecimientos, y la suspensión de todos los negocios. Los tribunales fueron cerrados, las operaciones de créditos suspendidas y la mayor parte de los establecimientos públicos y privados sufrieron quebrantos o se arruinaron, con las consecuencias sociales para los menos pudientes.
Las calles quedaron desiertas, huérfanas de gente y de vehí­culos. Como habrá sido, que se calculó en 60.000 el número de residentes que no emigraron, teniendo que la población era de unos 190.000 habitantes.

Protagonistas
Por entonces, el discurso médico era, ante todo, un discurso higienista. Facultativos como Eduardo Wilde y Guillermo Rawson hací­a tiempo vení­an insistiendo en la necesidad de construir desagí¼es y organizar la limpieza de la ciudad, sin obtener en ningún momento la atención de las autoridades.
En 1871, el poder médico en su relación con la salud se concentraba en dos corporaciones: el Consejo de Higiene Pública, creado un año antes por Ley 648; y la Junta de Sanidad del Puerto Central, cuya finalidad era la inspección sanitaria de los buques que llegaban del exterior.
Al declararse la epidemia, los médicos reunidos en la Universidad dieron forma al discurso higienista que les permitirí­a enfrentar los acontecimientos, sin desprestigiarse, disimulando su ignorancia de la verdadera causa de la enfermedad, el mecanismo de la transmisión de la enfermedad.
El mal, dijeron, se hallaba en el aire, al que envenenaba la suciedad reinante y los restos animales y humanos en descomposición. En el hedor se detectaba la presencia maligna del agente causante de la enfermedad: las miasmas, o sea, los vapores que despedí­a la podredumbre reinante, y que penetraba dentro del cuerpo al respirarse. El tratamiento consistió, pues, en lograr que el paciente expulse de su interior el mencionado agente maligno, mediante vomitivos como ipecacuana, purgantes como aceite de castor o limonada de Royé, y sudoraciones provocadas por bebidas calientes como infusiones de borraja, que se usaba como sudorí­fico.
Hoy puede decirse que estos procedimientos no pudieron conducir a curación alguna. Cabe preguntarse, entonces, qué otra cosa se hizo con este discurso, aplicado severamente durante los seis meses que duró la epidemia.
Ya casi se olvidó el significado de la bandera amarilla. Pero muchos años atrás, desde los médicos hasta los niños sabí­an que era señal de cuarentena. La bandera era desplegada para impedir que la gente se acercara y pudiera contraer una enfermedad, la fiebre amarilla, que golpeaba de manera tenaz y cobraba miles de ví­ctimas en cuestión de semanas.
En primer lugar, y por primera vez, se ensayó una vigilancia y un control extremos de los hábitos de la vida cotidiana de la población. Como las diarias inspecciones del Consejo de Higiene no fueran suficientes, se promueve la delación generalizada.
El 27 de febrero, y en medio del éxodo de la alta y mediana burguesí­a, la prensa da a conocer la siguiente resolución: "La Comisión de Higiene de la Parroquia de Monserrat suplica a los vecinos se sirvan de dar aviso a cualquiera de los miembros de la misma, de toda casa cuyo estado sea por desaseo, sea por demasiada aglomeración, o sea por otras circunstancias, pueda perjudicar la salud pública y ser un incentivo a la epidemia que tantos estragos hace entre nuestros vecinos de San Telmo y de otras parroquias..." Y así­, dí­a tras dí­a, se sucedí­an las denuncias: "Llamamos la atención del Comisario de la Sección 1° de la Comisión de Higiene de la Catedral al Norte sobre un depósito de papas podridas que hay en la casa del Sr. Lavallol, sito en la calle Julio esquina Cuyo. Es tan fuerte el olor que exhalan esas inmundicias que a ciento cincuenta varas de distancia es imposible pasar".
La epidemia dejó un saldo de casi 15.000 muertos, entre ellos el Dr. Francisco Javier Muñiz, que murió el 8 de abril a los 76 años. Encabezaba una comisión de estudiantes de medicina avanzados, en la que participaban muchos que llegaron a ser famosos profesionales, como Ignacio Pirovano.
Sin duda, esta gran epidemia de fiebre amarilla fue el acontecimiento que instaló definitivamente el tema de la salud pública en el debate polí­tico y dentro de las prioridades del Estado.
Mardoqueo Navarro, testigo de estos acontecimientos, que dejó a la posteridad el testimonio de su diario personal, escribí­a el 4 de marzo: "La población huye. La inmigración se embarca". Efectivamente los inmigrantes se amontonaban en los consulados. En el de Italia más de 5.000 personas diariamente clamaban por sus vidas con pedidos de repatriación, pero no habí­a cupos sino para una í­nfima parte y aún muchos de los que lograron embarcar murieron en alta mar.
Ante la aparente parálisis del gobierno para enfrentar los acontecimientos, son los periódicos los que llaman a la acción, muchos de ellos habí­an advertido y debatido la posibilidad de la epidemia, ahora ante la gravedad de los sucesos y la justificable desconfianza sobre la actuación de algunos de los funcionarios "elevaban un vocerí­o monocorde llamando a la acción".
Y proseguí­a: "En buena parte la iniciativa partió de la masonerí­a; en ese momento periodismo y masonerí­a eran términos casi sinónimos, y prestamente se propaló un llamado a la acción pública. Uno de los primeros en llamar directamente al pueblo a través de su diario fue Héctor Florencio Varela desde las páginas de La Tribuna, rápidamente apoyado por Evaristo Carriego y la República de Manuel Bilbao. El pueblo debí­a tomar en sus manos la salvación y, como en los grandes momentos del pasado, luchar denodadamente por la vida".
De la reunión convocada por el periodismo local surgió el llamado a un mitin popular, que se realizó el trece de marzo en la Plaza de la Victoria, hoy la Plaza de Mayo, en un momento en que arreciaba la violencia de la epidemia y con ella una ola incontenible de terror.
En medio del pavor y del histerismo general tuvo lugar la asamblea popular, donde desde temprano se reunió una multitud que alcanzó a unas 8.000 personas. El programa oficial incluí­a entre otros puntos: confirmar el nombramiento de la Comisión Popular, pedir al Presidente de la República que impida el desembarco de inmigrantes mientras dure la epidemia, y al mismo tiempo que facilitara los fondos para el desempeño de la misión caritativa que se habí­a impuesto.En el atrio de la Catedral y usando por tribuna una silla, quedó formalmente constituida por aclamación la Comisión Popular, cuya presidencia se confí­o al Dr. Roque Pérez.

Ese mismo dí­a el Gobernador Emilio Castro cerraba la inmigración y el 18 de marzo destinaba por ley la suma de 18.000.000 de pesos para combatir la epidemia. Simultáneamente la Comisión Municipal arrendaba las dependencias del Hospital Italiano para internar a las ví­ctimas "visto que todos los establecimientos sanitarios de Buenos Aires no bastaban para cubrir la creciente demanda de atención médica, y también ordenaba habilitar un Lazareto que se ubicó en las manzanas de las calles 24 de Noviembre, México, Caridad y Venezuela. Eran apenas un conjunto de cuatro casi derruidas barracas de madera en torno de un pobre edificio de ladrillos, construcciones apresuradamente levantadas, bastante precarias y sin ninguna comodidad para los enfermos ni para el personal médico. Colocado bajo la dependencia del Hospital General de Hombres con el nombre de Lazareto San Roque fue invalorablemente útil a través de toda la epidemia". Hoy es el Hospital de Agudos José M. Ramos Mejí­a, en la calle Urquiza 609.
Tampoco faltó ayuda de otras organizaciones y de los propios vecinos: un caso que debe destacarse por la nobleza de su significado fue el del gran educador italiano Pedro Scalabrini, quien cedió su escuela particular "Florencio Varela" para que sirviera como improvisado hospital, además aportó su ayuda personal en la atención de los enfermos. "Las aulas se convirtieron en salas, los pupitres fueron reemplazados por camas y el gran maestro pasó a ser arriesgado enfermero".
La sociedad de beneficencia por su parte instaló un lazareto para las enfermas de "vómito negro", teniendo como director al Dr. Adolfo Señorans y como ayudante al practicante mayor Pedro F. Roberts. En la actividad privada, se comportaron con toda dignidad: la señora Marí­a Beláustegui de Cazón, de la Sociedad de Beneficencia que, mientras tantos hombres huí­an, ella cumplió la tarea humanitaria de organizar el asilo de huérfanos para los niños que habí­an perdido a sus padres, y luego organizó un lazareto de circunstancias debido a que los cementerios quedaron colmados rápidamente.
Este lazareto se instaló con 25 camas y 18 enfermas que al poco tiempo aumentaron a más de 300. Fue quemado inicialmente por los vecinos hasta los cimientos y reconstruido nuevamente, funcionaba en la quinta del doctor Leslie, situada en la calle Córdoba, Paraguay, Azcuénaga y Pueyrredón.
En el servicio de este lazareto, murieron el Dr. Señorans, a la edad de 34 años, y el empleado de policí­a de Buenos Aires Sr. Ballesteros.
Las calles de Buenos Aires, estaban llenas de niños desamparados, que habí­an perdido sus padres, hallándose librados a su propia suerte. "En medio de esta desolación aparece un alma llena de amor hacia sus semejante, el canónigo D. Eduardo O'Gorman, párroco de San Nicolás de Bari, hermano del Jefe de Policí­a Enrique y de Camila, quien tiene la magní­fica idea de fundar un hogar para los niños que recorrí­an las calles pidiendo limosna", escribió Mardoqueo.
Las estadí­sticas sobre las ví­ctimas de la gran epidemia de fiebre amarilla en términos generales coinciden con los datos que proporcionaba el cuadro de los caí­dos de Mardoqueo Navarro, que además los discriminaba por nacionalidades y fue el siguiente: argentinos: 3.397; italianos 6.201; españoles 1.608; franceses 1.384; ingleses 220; alemanes 233; varios 571.
Es decir 9.646 extranjeros, 3.397 argentinos, sin discriminar inmigrantes del interior, y 571 sin identificar. En total 14.614 fallecidos, más o menos el 25% de los enfermos.
Hubo médicos que dignificaron el ejercicio de la profesión permaneciendo para atender a los pacientes durante toda la epidemia.
Entre ellos el Doctor Francisco J. Muñiz, que residí­a en su quinta de Morón y que ya viejo y jubilado, habí­a participado de la guerra de la Triple Alianza. A los 76 años, en 1871, contrajo la enfermedad y murió al venir a Buenos Aires a atender a un pariente, el periodista Francisco López Torres.
Otros destacados héroes civiles fueron el Dr. Eustaquio Herrero Salas, que llegó desde Navarro, el Dr. Pedro Zavaleta, vino desde Veinticinco de Mayo, el Dr. Mateo J. Luque, llegó desde Córdoba, los doctores Guillermo Rawson, Eduardo Wilde, Vicente Ruiz Moreno, Pedro Mallo, Caupolicán Medina, Carlos Gallarini, Degroud, Pérez, Ortiz Herrera, Barbati, Garcí­a Fernández, Golfarini, Tamini, Larrosa, José M. Bosch, Adolfo Argerich, Manuel G. Argerich, Negri, Pedro Dí­az de Vivar, A. Señorans y Rafael Herrera, un médico venezolano que fue contratado en Rí­o de Janeiro por nuestro embajador Paunero y llegó a Buenos Aires actuando sin cobrar honorarios.
Debiera seguir aquí­, a continuación, la lista de los médicos que huyeron de la ciudad, que fueron numerosos, muchos más.Así­ como aumentaban las ví­ctimas, los miembros de la Comisión Popular recorrí­an los barrios como ángeles vengadores, como un segundo azote, echando a la calle a todos los habitantes de los inmuebles donde aparecí­a el terrible mal. Especialmente encargados de la misión fueron Juan Carlos Gómez, Domingo Cesar, Manuel Argerich y León Walls.
"A veces eran acompañados por miembros de la Comisión de Higiene y siempre por un piquete policial con orden de actuar cuando surgieran dificultades", prosigue Mardoqueo Navarro.
"Fueron los conventillos los que padecieron este tipo peculiar de requisa. Los pobres inmigrantes allí­ hacinados, recién llegados al paí­s y medio muertos de miedo por el espanto que los rodeaba, recibí­an la visita de la nutrida comitiva, con la que apenas podí­an entenderse las más de las veces por desconocer el idioma y recibí­an orden perentoria de abandonar el inmueble. Los desdichados inmigrantes, desarraigados, perdidos en medio de la locura en que se hallaban sumergidos, contemplaban entre desolados y temerosos a esos señores que les impartí­an órdenes incomprensibles".
"Recién comenzaban a entenderse cuando a empujones los echaban a la calle, muchas veces -casi siempre- sin dejarles recoger sus pertenencias. Es natural que se resistieran, que gritaran su desvalimiento, que intentaran salvar lo poco que tení­an. Pero todo cuanto habí­a en la casa estaba condenado. Policí­as y comisionados recogí­an las mí­seras camas, los tristes muebles, los pobres enseres e incluso la ropa de los inquilinos, los apilaban en el patio y encendí­an una estupenda hoguera, verdadero auto de fe".
"El conventillo era encalado, desinfectado y cerrado. Los comisionados y la policí­a se iban y quedaban los inmigrantes en la calle librados a su suerte".
Como la mayorí­a de los inmigrantes eran italianos hubo verdadera saña contra ellos.
Una prueba de psicosis colectiva contra los italianos la ofrece el historiador norteamericano Alison William Bunkley, al decir: "Se culpó de la epidemia a los inmigrantes italianos. Se los expulsó de sus empleos. Recorrí­an las calles sin trabajo, ni hogar; algunos incluso murieron en el pavimento, donde sus cadáveres quedaban con frecuencia sin recoger durante horas. Habí­a un gran pedido de pasajes para Europa. La Compañí­a Genovesa vendió 5.200 en quince dí­as".
Nadie suponí­a que diez años más tarde, el médico cubano Carlos J. Finlay iba a exponer su magistral teorí­a "El mosquito Aedes aegypti es considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla" en la memorable sesión que la Academia de Ciencias Médicas, Fí­sicas y Naturales de La Habana celebrada el 14 de agosto de 1881. ¡Fecha trascendental!

Enrique M. Otharán
Recopilación histórica

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